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La COP 15 en Copenhague no fue un fracaso, aunque reveló la quiebra del formato de negociación climática dentro de Naciones Unidas. Veamos porqué.

El acuerdo final reconoce el imperativo de evitar aumentos de temperatura mayores a 2° C en términos del mandato de la ciencia (representada en este caso por el IPCC). Es verdad, no hay compromisos cuantitativos vinculantes de reducción de emisiones; sin embargo los países desarrollados se comprometen consecuentemente (ojo: en forma conjunta o individual) a reducir emisiones hacia el 2020 bajo monitoreo, verificación y reporte internacional.

Lo más significativo: compromete a los países en vías de desarrollo a mitigar emisiones. Junto con los países desarrollados deben someter sus propuestas a consideración de las Naciones Unidas – por cierto, antes del 31 de enero de 2010 (y México ¿ya sabe a qué se va a comprometer? Como anfitrión en la COP 16 a finales de este año, debe de ser el primero de la lista).

Esto rompe con uno de los tabúes que han polarizado políticamente a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Hoy en día no vale responsabilizar sólo a los países ricos; los emergentes y/o pobres ya los superan en emisiones. El apotegma/cliché “responsabilidades comunes pero diferenciadas” ha sido así reinterpretado sin sus anacrónicos ecos setenteros. Si bien de una forma elíptica, para apaciguar las suspicacias nacionalistas de China, también las acciones de los países en vías de desarrollo serán sujetas a consultas y análisis internacional (eufemismo condescendiente de monitoreo y verificación).

Notablemente, el acuerdo de Copenhague logra que se reconozca el papel crucial de la deforestación en las emisiones de gases de efecto invernadero, y plantea un sistema inédito de incentivos y financiamiento a los países tropicales (entre ellos México).

Perversa o paradójicamente, la biodiversidad en el mundo (mayoritariamente depositada en los bosques tropicales) podrá salvarse gracias a la acción colectiva multilateral convocada por el cambio climático. Y por supuesto, el acuerdo de Copenhague emplaza a destinar un monto considerable de recursos, por parte de los países desarrollados, a la reducción de emisiones en sus pares en vías de desarrollo (10 mil millones de USD anuales al 2012 y 100 mil al 2020).

A muchos, tal vez con razón, les parece poco. Serán canalizados a través del Fondo Climático Verde de Copenhague – lo verde, para beneplácito de México.

Ciertamente el acuerdo se forjó en último momento, al margen y ante el atasco del procedimiento formal de negociación, y entre un puñado excluyente de países líderes (EU, China, Brasil, India, Sudáfrica). No es un acuerdo vinculante y aún flota en incertidumbres, pero el avance político es evidente e irreversible, y atisba a un nuevo mecanismo de negociación más realista y expedito, menos burocrático, más resistente al sabotaje ideológico, y que privilegia a los actores verdaderamente relevantes. Lo veremos perfilarse durante 2010, y a finales de año en la COP 16 organizada por México. Es un paquetazo para nuestro gobierno federal.

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